El TSJCV ordena la demolición de un chalet construido ilegalmente en una zona protegida del Montgó

Confirma la orden del Ayuntamiento por considerar que la vivienda no tenía licencia  

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenado la demolición de un chalet construido de forma ilegal dentro del área protegida del Parque Natural del Montgó. La sentencia, que no es firme porque puede recurrirse ante el Supremo, respalda la orden del Ayuntamiento que en 2010 aprobó la orden de demolición de la vivienda, que fue ratificada al año siguiente por el Juzgado de lo Contencioso de Alicante. 

Acció Ecologista AGRÓ denunció los hechos ante los tribunales en 2003 porque los propietarios habían construido un chalet de lujo en el área de afectación del PORN del Montgó valiéndose de una licencia para la restauración de una antigua casa de las colonias del Montgó, como reparar el tejado, arreglo de la cocina y mejorar la fachada. Hasta ahora las sentencias judiciales han dado la razón a AGRÓ y al Ayuntamiento de Dénia. El TSJCV ya afirmó que el proyecto era ilegalizables porque estaba dentro de un suelo no urbanizable de especial protección y que implicaba la desaparición de una antigua construcción para edificar una nueva vivienda, que está situada en la calle Saturn. El colectivo ecologista ha recordado que los propietarios vulneraron la orden municipal que en su momento ordenó suspender las obras y que llegaron a romper el precinto colocado por la Policía Local de Dénia. Los trabajos, que se prolongaron hasta 2007, incluyeron la construcción de un gallinero de grandes dimensiones y una piscina. Respecto al corral, el TSJCV ya se pronunció en 2008 cuando en una sentencia ratificó la prohibición de que se instalara una instalación destinada a “animales de granja de consumo propio” en una propiedad privada situada dentro del área protegida por el PORN del Montgó. 

Agró ha difundido la sentencia afirmando que está cerca "el primer derribo de una construcción ilegal" en el Parque Natural. Advierte de que un posible recurso ante el Supremo no será más que "una treta legal" para ganar tiempo. 

En la sentencia se rechaza que la potestad sancionadora de la administración hubiera prescrito y ordena el derribo del chalet.